Recortes.

Antonio Muñoz Molina. 29 de diciembre de 2011.

Vienen de vez en cuando a Madrid desde una provincia interior de Andalucía. Ella, enfermera; él, profesor de instituto; los dos con una experiencia muy larga, y yo creo que con mucha vocación, a pesar de los muchos pesares. Vienen a pasearse y a ver exposiciones, y a aliviarse algo del nuevo caciquismo asfixiante que lo controla todo en aquella tierra, como en tantas otras.

     Ella me cuenta el barroquismo delirante de las tareas burocráticas que han crecido como mala hierba alrededor del trabajo en los hospitales, y la abundancia de enchufes y cargos políticos -”de confianza”, “de libre designación”- que se dedican sobre todo a vivir parásitamente del dinero público y a traficar en palabras: “Unidades de gestión”; “Controles de excelencia”; “parámetros”; “perfiles”: Los cargos sindicales que no hacen nada; los supervisores que no tienen nada que supervisar; los gerentes que no gestionan nada porque ni son médicos ni son enfermeros ni tienen ninguna formación ni más credencial que el carnet del partido. 

     Comisarios políticos, como los inspectores de enseñanza y muchos directores de los institutos, me explica él, designados por la correspondiente consejería. Los sueldos están congelados, y las bajas por enfermedad no se cubren: pero el delegado provincial de la consejería de cultura cuenta él solo con diez asesores de prensa, todos ellos nombrados a dedo. En una línea de tranvías que tuvo levantadas durante años las calles del centro de la ciudad y que no ha funcionado nunca el ayuntamiento ha gastado alrededor de tres mil millones de pesetas.

Santiago Rodríguez Guillén.

Ya lo decía un amigo mío, profesor de Instituto: ¿Cuánta gente justifica su sueldo con mi trabajo?

     Equipos directivos, servicios de inspección, unidades técnicas, pedagógicas, de apoyo a la diversidad, empresas subcontratadas que imparten cursos en tutorías, agencias de viajes de fin de curso, equipos municipales de animación,… por no hablar de la inmensa estructura que se ha levantado de la nada en las facultades de Ciencias de la Educación.

     Aunque no esté tipificado en el Código Civil, creo que eso es violencia de número.

José Hernández.

De los males que sufrimos
hablan mucho los puebleros,
pero hacen como los teros
para esconder sus niditos:
en un lao pegan los gritos
y en otro tienen los güevos.

Los puebleros, desde ATTAC y otros tinglados, dirigen ahora la indignación. Son los mismos. Una idea: bastaría con prohibir en la Constitución la propiedad pública de medios de comunicación, para ahorrar los veinte mil millones de euros que nos recortarán en marzo (rondan el millar las emisoras de radio y televisión pagadas por los contribuyentes). Además, los medios de comunicación públicos son por naturaleza antidemocráticos: desde Madison, la información y la expresión son derechos de la sociedad civil, no debe usurparlos la clase política. El derecho de la sociedad civil a controlar a los políticos es incompatible con que los políticos sean propietarios, con el dinero del contribuyente, de los medios de información.